En sus manos está la posibilidad de llevar a cabo una política sensible a las circunstancias excepcionales que atraviesa la economía
NotMid 13/09/2022
OPINIÓN
La pérdida de poder adquisitivo que la inflación está causando a las familias es un drama que solo el Gobierno se atreve a relativizar. En ese delicado contexto se enclava la batería de 60 medidas que anunció ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid en la primera sesión del debate sobre el estado de la región. Hoy será el turno de las réplicas de la oposición.
Caricaturizada por sus rivales como la encarnación del neoliberalismo más salvaje -y, sin duda, con la vista puesta en los comicios autonómicos de 2023-, Isabel Díaz Ayuso sabe que en sus manos está la posibilidad de llevar a cabo una política sensible a las circunstancias excepcionales que atraviesa la economía, amortiguando el golpe del desbocado aumento de los precios. Con ese fin, la dirigente popular anunció un conjunto de políticas de oferta de las que cabe destacar tres. En primer lugar, el adelanto a este año de la deflactación del tramo autonómico del IRPF, necesidad que Sánchez se niega a atender y que aliviará los bolsillos de los madrileños. Es verdad que esta medida se aplicará a todas las rentas, de las más bajas a las más elevadas, detalle que cabría revisar para incluir el criterio de la progresividad y así evitar repetir decisiones como la que afectó a las becas para estudiantes de centros privados.
Díaz Ayuso anunció también, y es una buena noticia, la eliminación de la cuota para los nuevos autónomos durante el primer año y -en este caso sí- la exención de ese pago durante el segundo ejercicio si facturan por debajo del salario mínimo. En tercer lugar, la liberalización de horarios de los taxis permitirá una mayor competencia y beneficiará al consumidor.
Según la presidenta regional, esas medidas se combinarán con una serie de políticas de respaldo a las capas más desfavorecidas de la población -como la financiación del desayuno escolar a los niños de familias más vulnerables- y de apoyo a la educación y la sanidad, dos puntos muy criticados de su gestión y banderas que Ayuso pretende arrebatar a la izquierda. Así, la Comunidad pagará la carrera profesional a 22.000 empleados interinos del Servicio Madrileño de Salud (es cierto que asumiendo el criterio judicial establecido en los tribunales) y subirá el salario (entre 75 y 90 euros al mes) a más de 86.000 profesores de la red pública y concertada.
Resulta asimismo interesante otra medida que sin embargo ha concitado menos atención: Madrid destinará 20 millones de euros a nuevos complementos salariales ligados a la productividad, de modo que serán premiados los docentes que presenten proyectos para enriquecer la oferta educativa y la atención a los alumnos. Este medio defiende que la Administración aplique también criterios de eficiencia y excelencia entre sus trabajadores, y en el caso de la educación el estímulo de los mejores cobra una importancia crucial.
Como locomotora económica del país, lo sensato es que la Comunidad de Madrid combine en su gestión el impulso al crecimiento con el refuerzo de los servicios públicos en favor de los ciudadanos con menos recursos. La música suena bien: falta comprobar el alcance real de estas promesas a apenas nueve meses de las elecciones.