NotMid 19/12/2024
EDITORIAL
La historia está llena de imputados que, creyendo disfrutar del manto de protección del poder, optaron por no levantar las alfombras. No les sirvió de mucho. En su inverosímil declaración del jueves ante el Supremo, José Luis Ábalos encapsuló toda la corrupción en Koldo García y evitó cualquier mención incriminatoria a cargos del Gobierno o del PSOE. Ahora sabemos que incluso ha presentado como prueba en su defensa el informe exculpatorio elaborado estos días por el Ministerio de Óscar Puente sobre los presuntos amaños de obras públicas señalados por Víctor de Aldama. Es llamativo, porque en agosto, antes de que el empresario implicara a varios cargos socialistas, la primera auditoría de Puente cargó contra Ábalos por los contratos de las mascarillas. De mostrarse «bastante defraudado» con su predecesor, el ministro hoy dice que le «costaría» creer que cobrara mordidas incluso aunque quedara comprobado.
La posible existencia de un pacto para minimizar daños cobra forma. Pese a ello, la Justicia avanza: el Supremo ha pedido el suplicatorio al Congreso. Las pruebas presentadas por Aldama sirven al instructor para ver «indicios cualificados» de que Ábalos, «prevaliéndose de su condición de ministro», participó en adjudicaciones a cambio de «beneficios». Se refiere, al menos, a tres alquileres: el de Jessica, el del chalé de Cádiz y el del piso en la Castellana, cuya opción de compra (750.000 euros) estaba muy por debajo del precio de mercado: 1,9 millones. Un montante que hace verosímil el resto de acusaciones. Se equivocaría Ábalos si creyera que sus servicios prestados detendrán el proceso judicial en marcha.