El Supremo confirma que los menores extranjeros viven “hacinados” en las islas, ante la dejación del Gobierno
NotMid 28/03/2025
EDITORIAL
El reciente auto del Tribunal Supremo sobre la situación de un millar de menores extranjeros no acompañados acogidos en Canarias sitúa el foco sobre la grave crisis estructural que afecta a la atención humanitaria de estos niños y adolescentes. En un momento en el que el Gobierno espera convalidar en el Congreso su acuerdo con Junts, un reparto de menores inmigrantes que beneficia a Cataluña y el País Vasco y penaliza a la Comunidad de Madrid o a Andalucía, el Supremo ha acordado requerir a la Administración del Estado que asuma su responsabilidad en la acogida de unos 1.200 menores inmigrantes llegados a Canarias que han solicitado asilo o están en vías de hacerlo.
El auto, en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo atiende a las medidas cautelares reclamadas por Fernando Clavijo, ha descolocado a la Moncloa. La decisión no es aún oficial, pero todo indica que el Gobierno seguirá adelante con el reparto del total de 4.400 menores extranjeros desde Canarias y desde Ceuta, incluyendo entre ellos a este millar de menores especialmente vulnerables por su condición de solicitantes de asilo. Se trata personas que buscan protección en nuestro país alegando que huyen de países en guerra o donde son perseguidos por motivos de raza o religión.
El Supremo se refiere únicamente a este grupo específico. Sin embargo, la auténtica trascendencia del auto radica en el dimensionamiento que el tribunal hace del problema. En la actualidad, subraya, es «notorio» que estos menores solicitantes de asilo se encuentran en una «insostenible» situación de «hacinamiento (…) abiertamente incompatible con el superior interés del menor». Así, da diez días al Gobierno de España para que garantice su acceso al sistema nacional de acogida.
Si bien la atención a los menores extranjeros es una competencia compartida entre Estado y CCAA, el desbordamiento en el que desde hace demasiado tiempo se encuentran los centros de acogida canarios pone de relieve el abandono en el que ha incurrido el Gobierno de España. Tras meses de desatención, la solución es ahora una reforma de la Ley de Extranjería -aún pendiente de aprobarse en el Congreso- que convierte a estos niños y adolescentes en un problema político y de agravio entre regiones.
La fórmula, alumbrada a espaldas del PP, que gobierna la mayoría de las comunidades, solo puede generar discordia, pues beneficia precisamente al partido de Carles Puigdemont en uno de los asuntos que más le inquieta y al que este jueves puso cifras el CIS catalán: si Cataluña celebrara ahora elecciones al Parlament, Aliança Catalana pasaría de dos escaños a entre ocho y diez, mientras que Junts podría perder hasta ocho.
La magnitud del desafío y sus múltiples implicaciones -en primer término, en las vidas de los propios menores- requieren una política nacional acordada y responsable en la que todas las administraciones actúen con lealtad, solidaridad y transparencia. El escenario, por intereses estrictamente partidistas, es el contrario.
