Cada día y cada hora que el fiscal general del Estado persevera en su decisión de no dimitir atenta contra la más elemental higiene democrática
NotMid 15/01/2025
OPINIÓN
DAVID MEJÍA
El fiscal general del Estado está en el centro de dos escándalos. El primero ya fue, y nada puede hacer para revertirlo: Álvaro García Ortiz reveló información confidencial de un particular con el fin de perjudicar a una rival política del Gobierno. La solidez de los indicios sobre su implicación lo condujeron a la imputación y seguramente lo conducirán al banquillo. Debemos presumir su inocencia, pero su conducta hace muy difícil que creamos en ella: los inocentes no acostumbran a obstruir la labor de la justicia eliminando pruebas. De cualquier modo, lo que hizo García Ortiz en aquellos días de marzo hecho está. Su primer escándalo ya fue.
Pero García Ortiz es protagonista de un segundo escándalo que podría apagar esta misma tarde presentando su dimisión. Su permanencia en el cargo, a estas alturas del proceso, es infamante. Cada día y cada hora que el fiscal general del Estado persevera en su decisión de no dimitir atenta contra la más elemental higiene democrática. A diferencia del primer escándalo, este segundo no es supuesto, sino fáctico: es un hecho que el fiscal general del Estado está imputado y es un hecho que no ha dimitido. Podemos imaginar, sin demasiado esfuerzo, que el Gobierno exigiría la dimisión inmediata de cualquier cargo vinculado al PP que estuviera imputado en un procedimiento penal. Y con razón. Pero la no-dimisión del fiscal general del Estado imputado es más grave que cualquier no-dimisión política. En su caso, a la falta de decencia democrática y al desprestigio institucional se suma la obstrucción de la justicia. Su permanencia en el cargo no sólo desacredita a la Fiscalía, sino que entorpece el proceso penal en que está inmerso. Si el primer escándalo es presunto e irreparable, el segundo es tan incontestable como remediable.
La implicación del Gobierno en los dos escándalos también se divide entre lo presunto y lo fáctico. Su participación en la trama está por dirimir, pero su complicidad con el acuartelamiento del fiscal general investigado es una realidad diaria. Sin el apoyo del Gobierno, García Ortiz ya habría dimitido, y eso le convierte en corresponsable del desgarro institucional.