Es inexplicable que, disponiendo de la información y ante un riesgo tan elevado, el propio Gobierno central no tomase medidas
NotMid 18/11/2024
EDITORIAL
Su inacción a lo largo del pasado 29 de octubre, cuando se desencadenó la DANA que arrasó Valencia, obliga al Gobierno a asumir su responsabilidad. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez pretende cargarla exclusivamente en Carlos Mazón, que desde luego la tiene, pero la secuencia cronológica de ese día acredita también su grave dejación de funciones. Los avisos tanto de la Aemet como de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no tenían como únicos destinatarios a las autoridades valencianas, sino principalmente a los representantes de la Administración del Estado, incluida a la propia delegada del Gobierno, presente en las reuniones del centro de emergencias.
Hay al menos dos momentos decisivos. Uno: a las 17:30, el Ministerio de Teresa Ribera manejaba ya la posibilidad de colapso de la presa de Forata; de producirse, hoy hablaríamos de una catástrofe aún mayor. Y dos: pese a que la CHJ advirtió en varias ocasiones sobre el cauce de la rambla del Poyo, ni siquiera su presidente, que estaba en la reunión del Centro de Emergencias y al que se le suponen conocimientos para interpretar los datos enviados en cientos de emails, dio la alarma. Es inexplicable que, disponiendo de la información y ante un riesgo tan elevado, el propio Gobierno central no tomase medidas. Faltan muchas explicaciones.
La propia Ribera, al ser preguntada por la tragedia, ha admitido que seguir «el flujo del agua» forma parte de sus obligaciones, que incluyen la ejecución de obras hidráulicas, pospuestas por prejuicios ideológicos. En todo caso, su incapacidad para dar la cara ante un desastre natural que afecta de lleno a sus competencias compromete su elección como comisaria y muestra que, el día en que se desató la riada, también el Gobierno incurrió en una parálisis irresponsable.