El acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar enfrenta a sus socios y genera inseguridad jurídica en sectores como la salud privada
NotMid 13/11/2024
EDITORIAL
El acuerdo sobre la reforma fiscal que alcanzaron el lunes los dos partidos del Gobierno profundiza en la senda del populismo impositivo y envía una pésima señal a los mercados, además de haber expuesto nuevamente la división ideológica entre los socios de investidura. Aunque actualizar el sistema tributario es imprescindible para hacerlo más eficaz y para cumplir con los compromisos europeos, el pacto que han presentado PSOE y Sumar se fundamenta en la errónea idea de castigar a los ricos, un postulado demagógico que genera inseguridad jurídica y dificulta la inversión. Junto a ello, los vetos cruzados y posiciones contrapuestas entre partidos como Junts y PNV, por un lado, o Bildu y ERC, por el otro, presagian un nuevo calvario de negociaciones y exhiben una vez más la enorme debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que aún no ha podido aprobar la senda de déficit.
Una de las propuestas más injustas e inoportunas del acuerdo es la de derogar la exención fiscal a los seguros de salud privados, a los que la coalición de Gobierno pretende estigmatizar como un privilegio de las clases altas, cuando lo cierto es que en España hay casi 12,5 millones de personas que disfrutan de ellos, la gran mayoría de clase media, y sufrirían un aumento de las cuotas en un servicio fundamental, del que depende el bienestar de numerosas familias. En realidad, resulta casi imposible que la reforma salga adelante en los términos pactados, ya que tanto PNV como Junts rechazan de plano el gravamen a la sanidad privada y otras medidas acordadas por PSOE y Sumar. De hecho, la formación jeltzale las descalificó ayer como un «galimatías», mientras que el partido de Puigdemont las tachó de «propaganda». Ni siquiera Sumar mostró plena satisfacción con su propio acuerdo, puesto que no renuncia a añadir el impuesto a las eléctricas, una medida arbitraria que la coalición de Yolanda Díaz aún pretende imponer pese al daño que causaría al sector que debe liderar la transición energética.
Por desgracia, la evidente fractura política entre los socios no evita que las medidas pactadas repercutan negativamente en la economía, al lanzar una señal de imprevisibilidad y afán recaudatorio que ya ha impactado en los mercados. Ayer, las socimis (inversoras inmobiliarias) cayeron en Bolsa, mientras que otros sectores señalados, del ahorro a los bienes de lujo, se han visto también afectados por la incertidumbre. Además, y en una muestra más de desconcierto legislativo, el Gobierno ha planteado su reforma como una serie de enmiendas al proyecto de ley para establecer una tributación mínima del 15% a las multinacionales, a lo que obliga la UE. Mezclar medidas necesarias junto a otras que únicamente responden a intereses partidistas es una táctica dudosa, con la que el Ejecutivo intenta en vano disimular su debilidad legislativa y, por ello mismo, no hace sino subrayarla.