El presidente se aferra a la ultraderecha para desviar la atención y no responder por el chantaje de Puigdemont
NotMid 13/06/2024
EDITORIAL
El claro voto de censura que el Gobierno recibió en las elecciones europeas ha llevado a Pedro Sánchez a intentar cambiar el marco político redoblando sus ataques a la oposición mientras se niega a responder por el chantaje de Carles Puigdemont. El presidente busca disimular su debilidad, pero no lo consigue. La actitud desencajada que exhibió ayer en la sesión de control en el Congreso y su empeño, tal como revelamos hoy, en centrar el foco en la ultraderecha a modo de «seguro de vida» para los socialistas -hasta en cuatro ocasiones citó a Alvise Pérez en sede parlamentaria- revelan el intento de solapar la parálisis del Ejecutivo. En este contexto hay que insertar también la decisión de Sánchez de mantener con respiración asistida a su vicepresidenta segunda, después de la confusa dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar, y la fractura abierta en el PSOE andaluz, con el impacto que ello tiene para Ferraz.
Bajo la estrategia del presidente subyacen las dificultades para aplicar la amnistía por la propia torpeza del Ejecutivo para redactar esta norma. Los fiscales del 1-O, desafiando la orden «contraria a la ley» del fiscal general del Estado, se niegan a amnistiar a Puigdemont ante las discrepancias sobre la malversación. La permanente dependencia de los independentistas agrava la fragilidad de un Ejecutivo que carece de mayoría para legislar. Esto explica por qué Sánchez redobla la ofensiva en dos ámbitos que ya agitó antes de la campaña: poder judicial y un plan de «calidad democrática» que suena a quimera en un Ejecutivo que ha instrumentalizado las instituciones del Estado. El presidente, después de lanzar un ultimátum al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabe junio, amenazó al PP con promover una reforma legal para privar al órgano de gobierno de los jueces de la atribución de nombrar a los magistrados que van al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia, lo que la asociación mayoritaria de jueces ha tachado de «atropello constitucional».
La renovación del CGPJ estaría mucho más cerca si el líder socialista no formara parte de la ecuación. En todo caso, la fecha tope elegida no es casual. Este mes está previsto que la Comisión Europea publique su informe anual sobre el Estado de Derecho y en verano vence el plazo dado por Vicente Guilarte, presidente en funciones del CGPJ, para abandonar su puesto. Las urgencias para acometer los cambios son las urgencias de Sánchez. Y lo que es difícil de entender es que Bolaños llamara ayer a González Pons para reactivar la negociación con un partido al que Sánchez enmarcó en la ultraderecha y al que consideró responsable de convertir Madrid en la «sede social» de la máquina del fango.
Por mucho que el presidente lo intente, cada vez es más difícil camuflar el colapso de una legislatura que ofrece síntomas de agotamiento.