La ausencia del presidente en el último debate de la amnistía ejemplificó su desprecio al Congreso y a la oposición
NotMid 31/05/2024
EDITORIAL
El PSOE de Pedro Sánchez impuso este jueves en el Congreso de los Diputados un punto y aparte en la historia de la democracia española. Contra la mitad de los ciudadanos, y por un margen de sólo dos escaños, el presidente sacó adelante la amnistía de los delitos relacionados con el procés independentista catalán en pago a Carles Puigdemont por los siete votos que le han permitido continuar en el cargo. Los ataques al sistema constitucional y a sus instituciones, a los tribunales de Justicia y a los consensos transversales sobre los que nuestro país se reconstruyó tras la dictadura marcaron los discursos en una sesión parlamentaria convulsa e impropia de una democracia consolidada como la española.
La ausencia del presidente a lo largo de la mañana hasta que llegó el momento de votar fue la última prueba de su desprecio al Congreso, a la mitad del país y a la oposición, a la que sitúa en la ilegitimidad. En palabras del ministro de Justicia, el PP es un partido «ultraderechista», lo mismo que Vox. Por su parte, los diputados del partido radical, y frente al discurso sosegado de Alberto Núñez Feijóo, cumplieron a la perfección el papel que conviene a Sánchez con sus reiterados gritos de «traidor».
En nombre de la convivencia, la norma más divisiva de nuestra democracia fue aprobada con el efecto ya comprobable de la discordia. La ley más inmoral de la España reciente, porque su propósito no es la reconciliación sino el impúdico reparto del poder, es el producto de una decisión consciente: el presidente del Gobierno ha sometido a su partido, a las instituciones y al conjunto de la sociedad a la exigencia de impunidad del político que lideró la mayor crisis constitucional desde 1978. Como subrayan los fiscales del procés en el contundente informe que han entregado a Álvaro García Ortiz, se trata de una medida arbitraria, que rompe con la igualdad entre ciudadanos y que nunca ha estado guiada por el bien superior de la reconciliación, sino por «el capricho y la oportunidad política que permite la gobernabilidad». Es su pecado original.
Las consecuencias que planean sobre la aplicación de la norma son múltiples. El Estado pidió ayer perdón a las minorías políticas que quieren extranjerizar a sus ciudadanos. La historia se reescribe para convertir en agresores a quienes fueron agredidos y en héroes de la libertad a quienes la secuestraron. Los partidos independentistas sólo ven en esta ley el estadio previo a un referéndum de autodeterminación. «La lucha continúa», proclamó Míriam Nogueras. Las imágenes de la unión recobrada entre Junts y ERC fueron reveladoras. Sus diputados -también posteriormente Carles Puigdemont- celebraron la aprobación de la ley como una victoria sobre la España democrática que el PSOE ayudó a levantar. Una vez deslegitimada esa España, cimentada en la igualdad, los socialistas se encaminan a consagrar la España del privilegio, en la que Cataluña, el País Vasco y en su caso Galicia tendrán un trato diferenciado sobre las demás regiones.
Hasta el último de los movimientos en torno a la ley fundacional de esta legislatura entraña una concepción de la política como instrumento al servicio del interés propio y no del general. La amnistía solo busca el blindaje de Sánchez, de modo que el Gobierno retrasará ahora su publicación en el BOE para alejar su aplicación de las elecciones europeas y de las negociaciones para el nuevo Govern. Mientras tanto, Puigdemont presiona a ERC porque quiere regresar como candidato a president en junio, y anticipa nuevas extorsiones: la amnistía fue la exigencia para la investidura de Sánchez, no para la legislatura. El contador vuelve a cero.
El choque institucional que se abre ahora entre el poder político y el Tribunal Supremo será inédito. Los jueces constituyen ya el último dique de contención ante el borrado de los delitos vinculados a la antigua Convergència y a ERC, incluidos los de corrupción. La profesionalidad y el compromiso democrático de los funcionarios públicos que no se someten a las directrices cambiantes del poder fueron esenciales en aquel negro octubre de 2017 y lo serán ahora también. La Ley prevalecerá.