El precio para la gobernabilidad de España, y ahora para la de Cataluña, lo siguen determinando Junts y ERC
NotMid 14/05/2024
EDITORIAL
Hacer una lectura excesivamente complaciente del retroceso del independentismo en Cataluña, cuyo Parlament no tiene una mayoría nacionalista por primera vez en 40 años, contiene importantes riesgos. Si bien el vuelco es una buena noticia, distorsionar el camino que ha conducido hasta aquí y el escenario que se abre ahora sólo contribuye a repetir los errores que desembocaron en el desafío del 1-O y en la honda crisis que aún contamina la política en todo el país.
El PSOE y el PSC se han apresurado a defender que el 12-M certifica el fin del procés gracias a la política de «reconciliación» del Gobierno. No es así. En primer lugar, lo que terminó con el procés no son los indultos, la eliminación de la sedición o los pactos opacos en el extranjero, sino el Estado de derecho, a través de la actuación de las fuerzas de seguridad contra el referéndum ilegal de 2017, y a través de la actuación de los tribunales contra sus impulsores. Por eso en estos cuatro años Junts y ERC no han utilizado su mayoría para aprobar nuevas leyes contrarias al orden constitucional.
En segundo lugar, la frágil vía de un Gobierno de Salvador Illa en Barcelona con Pedro Sánchez en La Moncloa sigue requiriendo del apoyo de ambos aliados independentistas. El precio para la gobernabilidad de España, y ahora también para la catalana, lo continúan determinando dos partidos contrarios a la igualdad entre españoles. Es muy difícil imaginar que un tripartito con ERC -más aún con el oscuro precedente de los liderados por Maragall y Montilla- pueda avanzar en el imprescindible abandono de la fiebre identitaria, después de que el propio Illa haya asumido la hegemonía cultural del nacionalismo. Una vez que la amnistía se da por descontada, la necesidad que tiene Sánchez de que los siete diputados de Junts le apoyen en el Congreso tampoco podrá ser satisfecha a costa de nada.
En ese marco de chantaje constante, ahora agravado, se inscribe la oferta del presidente de «cumplir» lo acordado con Carles Puigdemont en Bruselas: el «pacto fiscal», un trato privilegiado que consolidaría la desigualdad, y el «reconocimiento nacional» de Cataluña. Dos medidas que unen al secesionismo, a Sumar y a un PSOE que ha asumido el relato egoísta que una vez combatió.
La digestión del 12-M será lenta. Illa se presentará a la investidura, pero Puigdemont también quiere, mientras presiona a ERC y amenaza a Sánchez. La llave de un eventual tripartito la tiene Esquerra, cuyo descalabro se tradujo ayer en la dimisión de Pere Aragonès. Los republicanos rechazan contribuir a un Gobierno del PSC, pero una repetición electoral podría ser letal para ellos.
Mientras tanto, Alejandro Fernández acierta al descartar que tenga que ser el PP quien se ofrezca a Illa para facilitar su investidura. Sería lo contrario de lo que ha prometido en campaña, y la iniciativa, ahora, corresponde al ganador de las elecciones.