Hay tiempo de incluir en esa ley a los investigados por lucrarse en la pandemia. Fue un tiempo excepcional; mucho más excepcional que el del Proceso, cuya excepcionalidad está en la base del perdón decretado
NotMid 29/02/2024
OPINIÓN
ARCADI ESPADA
Por suerte la Ley de Amnistía no está ultimada y en consecuencia hay posibilidad y tiempo de incluir en ella al aizkolari y todo el personal accesorio, incluyendo a todos aquellos que las autoridades investigan por si se lucraron indebidamente en la pandemia. Fue un tiempo excepcional; mucho más excepcional que el del Proceso, cuya excepcionalidad está en la base del perdón decretado. Quien quiera comprobarlo, por cierto, tiene a mano los imprescindibles diarios de Quim Torra, el pandémico presidente de la Generalidad. Los dos volúmenes son fundamentales para saber lo que es un nacionalista -sí, es algo mucho peor de lo que nadie imagina- y para comprender a qué niveles de histeria, descontrol e incompetencia llegó el poder político en la gestión de la crisis.
Estos días, y a propósito de la presunta corrupción del aizkolari, han rebrotado los comentarios respecto a la atribuida inmoralidad de los que ganaron dinero con la pandemia, vendiendo respiradores, equipos de protección, mascarillas, etcétera. Incluso al pobre Torra se los vendieron, mientras llamaba a sus colaboradores a saltarse cualquier control, porque la vida de los catalanes estaba en juego. Ni uno solo de esos demagógicos comentarios hay por donde cogerlo.
Evidentemente muchos de esos empresarios o intermediarios hicieron su trabajo, asumieron riesgos y su lucro con el llamado dolor de los demás es el de Pfizer, por poner crucial ejemplo: salvaron vidas, cobrando. El capitalismo logró vencer a la pandemia, porque el capitalismo es lo único disponible. Pero si, entre ellos, hubo alguna irregularidad debe amnistiarse, por supuesto, en razón del bien mayor de la convivencia. A sucesos extraordinarios, soluciones extraordinarias, hummme…
Entre los amnistiados debe figurar el presidente del Gobierno, así lo creo. Dos sentencias del Tribunal Constitucional declararon ilegal el estado de alarma y desmontaron la irresponsable argucia de la cogobernanza autonómica, aquel mecanismo que permitió al Gobierno sustraerse al control parlamentario e incrementó exponencialmente el caos en la respuesta a la pandemia. Sobre esas sentencias, que llegaron, obviamente, cuando ya había decaído legalmente el estado de alarma, el presidente del Gobierno tuvo el clamoroso cinismo de declarar que no compartía, pero acataba la sentencia, sin que, lógicamente, pudiera explicar qué efectos prácticos tenía tal acatamiento. El presidente jamás creyó necesario dirigirse a los ciudadanos para exponer su arrepentimiento y reclamar su comprensión. Y por supuesto nunca ha estado dispuesto a asumir la menor responsabilidad política -esa que ahora reclama a Ábalos, sin que medie sentencia- por haber quebrantado la ley con consecuencias de un calado incomparable al presunto manejo del aizkolari.
Y por haber hecho del estado de alarma, costumbre.