La negativa de Puigdemont a aprobar la Ley de Amnistía ha dinamitado los planes del PSOE. El presidente del Gobierno espera que Junts rectifique
NotMid 04/02/2024
OPINIÓN
LUCÍA MÉNDEZ
Cualquier otro primer ministro hubiera tardado semanas en levantarse de una caída como la del último pleno del Congreso. Pero Pedro Sánchez ha desterrado la palabra «fracaso» de su vocabulario. El estrepitoso revés político que supuso la negativa de su socio, Junts, a aprobar la Ley de Amnistía tal y como la habían pactado sólo era, al día siguiente cuando se levantó, un pequeño obstáculo en su camino.
Al fin y al cabo, como han señalado, para tranquilizarse, numerosos dirigentes socialistas después de la votación frustrada, «Sánchez está en Moncloa y Puigdemont en Waterloo, él tiene mucho más que perder que nosotros. El PSOE es su única posibilidad de volver sin ir a la cárcel».
Han sido muchas esta semana las referencias escuchadas en el ecosistema político catalán al aparentemente disparatado comportamiento de Puigdemont. Las declaraciones de Laura Borràs, aún presidenta de Junts, en las que señalaba que prefería que la ley fuera declarada inconstitucional por el TC a aprobarla tal y como estaba ahora, alcanzan la cima del sinsentido. La sacudida interna producida en el mundo independentista debido a la ruptura de la baraja por parte de Junts es uno de los elementos centrales de en los que descansa la estrategia puesta en marcha por Moncloa para intentar salir del atolladero en las próximas semanas.
Los socialistas están pagando un alto coste político por una Ley de Amnistía que, según su calendario, ya debería estar siendo tramitada por el Senado y ni siquiera tienen garantizada una negociación real sobre los Presupuestos que la vicepresidenta María Jesús Montero quería llevar en abril a la Cámara. Planes que se han ido al traste después del aplazamiento en la tramitación de la Ley de Amistía.
DIFÍCIL ESCOLLO
Según confirman todas las fuentes consultadas por este diario, Pedro Sánchez ha transmitido a los suyos que no se cambiará el texto de la ley porque, de asumir los planteamientos de Junts, el Constitucional la tumbaría y Europa no la aceptaría. «Se ha de encontrar una solución sin cambiar el fondo de la ley, que es lo que pretende Junts. Puigdemont tiene que reconsiderar su postura, ha cometido un error, y ya hay mucha contestación interna en su partido. Si continúa en sus trece, no habrá ley. Es Puigdemont quien está en manos de Sánchez. Él verá lo que hace».
En la búsqueda, algo desesperada, de una fórmula jurídica que satisfaga a Junts para que pueda variar su posición sin que lo parezca, estos días se ha especulado con la posibilidad de cambiar el Código Penal para ajustar el concepto terrorismo a las necesidades de Puigdemont. Esta posibilidad ha sido descartada por completo por el Gobierno. Existen otras vías, como la de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer plazos, a fin de que la instrucción de los casos no se eternice. Ello afectaría a los sumarios abiertos contra los beneficiarios de la amnistía. «Estamos ante un tema jurídico muy complejo, difícil, y con muchos costes si se deciden cambios tan importantes para hacer una ley de amnistía a la carta para Puigdemont. Esto no pasaría los filtros del TC ni de Europa. Todo el mundo puede entender que Puigdemont no es un terrorista. Pero es imposible evitar que los jueces apliquen su criterio a lo que es terrorismo tal y como está regulado después de la reforma del Código Penal de 2015, aunque después los casos no prosperen, como seguramente le sucederá a García Castellón. En el entretanto, la aplicación de la ley puede quedar limitada por la instrucción de esos casos».
Según se asegura en el Gobierno, cuando Sánchez dijo en Bruselas que los independentistas no eran terroristas, lo que quiso dejar claro es que la ley se quedará tal como está porque los tribunales, a su juicio, no enjuiciarán por terrorismo a Puigdemont ni a Marta Rovira.
Los socialistas, ya muy agotados de ver sus siglas asociadas diariamente al concepto de «amnistía» y «cesiones a Junts», han asumido con cierto optimismo el plante de Sánchez ante el ultimátum de Junts. «Las bases del partido no han visto el rechazo de la ley como una derrota. Al contrario. Han apreciado un hasta aquí hemos llegado y tenían ganas de que esto pasara. Al PSOE le va bien políticamente, es Junts quien tiene todas las de perder», resumen fuentes socialistas.
«Habrá solución al conflicto con Junts y se aprobará la ley de amnistía, pero que nadie piense que sin ley de amnistía no hay legislatura. El Gobierno tiene herramientas para seguir, la prórroga de los Presupuestos no es ningún drama, aunque no sea lo ideal, y se abre un ciclo electoral con gallegas, vascas, europeas y catalanas. Las catalanas son las que de verdad importan. Y a Salvador Illa le está yendo muy bien». Esta es la reflexión general de la semana más difícil del Gobierno. A la espera de la próxima convulsión.
UN CIERTO CANSANCIO POLÍTICO
Es bastante apreciable el cansancio que produce la amnistía en prácticamente todos los actores políticos. Dirigentes de PSOE, PP, Sumar y hasta ERC trasladan que el obsesivo debate sobre la amnistía está impidiendo abordar las cuestiones que más afectan a la vida de los ciudadanos. La agenda política española, a juicio de muchos parlamentarios de los partidos del Gobierno pero también de la oposición, está secuestrada por la Ley de Amnistía. No discuten su relevancia, pero hay muchas voces dentro de los partidos que consideran que debería haber espacio para más debates. La gestión del Gobierno aparece completamente opacada por los líos con unos socios parlamentarios poco dispuestos a concederle un día de tranquilidad. Pero tampoco en el PP hay una satisfacción generalizada sobre una estrategia de oposición volcada exclusivamente en la amnistía. Un tema que amenaza con monopolizar la campaña de todas las elecciones del año.