Los independentistas catalanes piden al Gobierno de Pedo Sánchez que fiscalice la investigación judicial del ‘caso Volho’
NotMid 03/02/2024
ESPAÑA
Las formaciones independentistas han trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez su versión sobre la trama rusa del procés que investiga el juez Joaquín Aguirre; niegan las conclusiones de la investigación; y sostienen que las pesquisas judiciales han sido hábilmente manipuladas en lo que presentan como un nuevo caso de lawfare por parte de los tribunales de justicia españoles.
Integrantes de Junts y de ERC han venido dando explicaciones a los socialistas, al menos desde principios del pasado mes de diciembre, sobre el sumario de la denominada operación Volhoh en el que el instructor considera acreditada la existencia de contactos «al más alto nivel» entre los cabecillas del proceso soberanista y el régimen de Vladimir Putin con la intención de «establecer relaciones de influencia política y económica con el Gobierno de Cataluña si éste se independizaba de forma unilateral de España». Cabe recordar que el juez Aguirre en un reciente auto ha prorrogado las pesquisas al tiempo que ha realizado una exposición de hechos que encaja en el delito de alta traición, expresamente excluido de la Ley de Amnistía.
Los secesionistas han realizado un análisis del sumario a los asesores jurídicos del PSOE en el marco de la negociación de la referida ley, que se encuentra en estos momentos en un limbo a la espera de que socialistas y secesionistas resuelvan sus diferencias sobre el texto final. Las primeras explicaciones se llevaron a cabo hace dos meses con abundante material procedente del sumario y se han intensificado en los últimos días.
La versión comunicada al equipo del presidente del Gobierno pasa por negar categóricamente que de los contactos entre líderes secesionistas y su entorno con empresarios y políticos rusos cristalizara acuerdo o proyecto alguno. Por el contrario, los presentan como encuentros, en la mayor parte de ocasiones, a título particular y como consecuencia de «relaciones de amistad». «Fueron contactos amistosos», aseguran.
En este punto han recalcado que el jefe de la oficina del ex presidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, es un historiador que siempre ha estado especialmente interesado en Rusia. Y como principal ejemplo de la supuesta manipulación de las pesquisas por parte de la Guardia Civil, han hecho llegar al PSOE que el Instituto Armado ha justificado los contactos de Alay con espías rusos basándose en un documento que custodiaba en el móvil que le fue intervenido y que, lejos de proceder de la Inteligencia rusa, corresponde a la primera página de una novela del colaborador de Puigdemont titulada El secreto de la clandestina. La obra se basa, subrayan los secesionistas al equipo de Sánchez, en la espía rusa Elena Vavilova.
Asimismo, desde ERC y Junts acusan a la investigación del Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona de mutilar y manipular conversaciones intervenidas a los detenidos en este sumario para «sacar de contexto» frases relacionadas con Rusia. En este sentido, piden al Ejecutivo que «compruebe» por sus propios medios y tras la documentación que le han facilitado, cómo han sido eliminadas de manera estratégica partes de conversaciones. A su vez han requerido al Ejecutivo socialista que impida por todos los medios que se cometan irregularidades en la investigación.
En esta misma línea se ha expresado públicamente ya el propio Puigdemont, que asegura que el juez instructor mantiene una «causa delirante» contra colaboradores directos suyos y miembros de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Se refiere el ex presidente prófugo a las conclusiones provisionales del auto de Aguirre, en el que sostiene que el objetivo de la colaboración entre el independentismo y Rusia no era otro que el de «desencadenar una guerra entre la Unión Europea y Rusia» con la finalidad de «producir la salida de España» de la coalición «por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el Gobierno ruso mediante soporte económico y militar».
Fuentes próximas a las conversaciones aseguran que la reacción de los socialistas ha sido la de mostrar su apoyo frente a las actuaciones judiciales. Una actitud que contrasta radicalmente con el discurso que pronunció el presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados hace dos años, cuando hizo suyas las conclusiones que adopta ahora el juez Aguirre y señaló que la Rusia de Putin había tratado de dividir a Europa «acercándose a actores políticos y también a actores económicos en España»
Agencias