Tras estar en paradero desconocido 20 años, un tribunal la sentenció a muerte en 2021. Pekín habría acelerado las inyecciones letales hasta acabar con todos los condenados
NotMid 31/12/2023
ASIA
El rastro de la asesina en serie Lao Rongzhi se perdió en 1999. Corrieron rumores de que se había ahogado en un río mientras escapaba de la policía. No sabía nadar. Otros decían que se había marchado de China. Pero los agentes que la perseguían estaban convencidos de que esta profesora de primaria, quien secuestró, robó y asesinó a siete personas, entre ellas a un niño pequeño, estaba viva y se encontraba en el país. No actuó sola. Su novio fue su compinche en los crímenes. Él fue detenido, pero ella logró escapar.
Lao se convirtió en una de las fugitivas más buscadas. Tuvieron que pasar 20 años para que una cámara de videovigilancia, dotada con tecnología de reconocimiento facial, la encontrara y propiciara su detención en una ciudad del sur donde se había cambiado la identidad y trabajaba en un centro comercial vendiendo relojes.
Un tribunal la sentenció a muerte en 2021. Esta semana, Lao, de 47 años, fue ejecutada. Ella ha sido la última en pasar por la inyección letal dentro del mayor verdugo del mundo. Los medios estatales han señalado que Pekín está cogiendo carrerilla estas últimas semanas de año para quitarse de en medio ejecuciones que tenían pendientes: hasta una decena.
China, que mantiene la pena de muerte para 46 delitos que van más allá del asesinato, como el tráfico de drogas y la corrupción, ejecuta a más personas al año que el resto del mundo junto. Pero la cifra exacta nunca se publica. Se considera secreto de Estado.
Al sur de Pekín, justo al lado de una prisión, se encuentra un edificio gris que sirve como centro de ejecuciones. Decenas de miles de presos condenados a muerte han sido trasladados allí para pasar por el pelotón de fusilamiento. Cuando en 2009 comenzó a aplicarse con regularidad la inyección letal, a muchos convictos los metían dentro de ambulancias negras, los ataban a una mesa y les administraban el suero mortal. Popularmente, estos vehículos fueron bautizados como las “furgonetas de la muerte”.
Hace una década hubo mucha polémica con estas furgonetas porque varias asociaciones de derechos humanos denunciaron que, tras las ejecuciones, los médicos extirpaban los órganos de los presos para venderlos o realizar con ellos experimentos científicos, una práctica oficialmente prohibida en China.
Entre los casos más notorios de pena capital aplicados este año encontramos el de otra mujer, Wang Yun, quien envenenó con nitrito de sodio las gachas del desayuno de 25 niños. Ocurrió en 2019. Uno de los críos murió por insuficiencia orgánica múltiple. La asesina trabajaba en una guardería en el centro de China. En primavera, otra profesora de secundaria, Lu Yin, también fue ejecutada por matar con un cuchillo a tres alumnos. Antes de eso, en casa, había degollado a su marido y a su suegra.
Tres violadores fueron ejecutados en mayo después de que el Tribunal Supremo aprobara sus sentencias de muerte. Un mes antes le tocó a un narcotraficante surcoreano. No se salvaron tampoco de la inyección letal un padre que había arrojado a su hijo de dos años por la ventana de su casa durante los confinamientos de la pandemia, una mujer que secuestró a cinco niños en el sur del país y un empresario condenado por corrupción.
Agencias
