Puigdemont insiste en el “reconocimiento nacional” de Cataluña y en que el Estado pida “perdón” por su actuación en el 1-O
NotMid 23/10/2023
OPINIÓN
VICTOR MONDELO
Existe la impresión compartida en el bando independentista de que las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez avanzan tan lentamente que podrían considerarse atascadas, cuando resta poco más de un mes para que expire el plazo para que el socialista sea ungido. La circunstancia añadida de que el PSOE esté negociando exigencias dispares con Junts y ERC, al ser sus votos igual de imprescindibles, suma dificultad a un acuerdo que las dos grandes fuerzas separatistas quieren atribuirse.
Carles Puigdemont no ha visto todavía satisfecha una de sus principales obsesiones, la aceptación de que un relator internacional dé cuenta del estado de la negociación sobre la autodeterminación una vez Sánchez haya sido investido. El prófugo subrayó esta condición como imprescindible en la conferencia que pronunció el 5 de septiembre en Bruselas y mantiene su requisito como inamovible, a sabiendas de que, hoy por hoy, es indigerible para el PSOE.
Los posconvergentes insisten en esta controvertida figura por dos cuestiones: su aceptación facilitaría la internacionalización del «conflicto entre Cataluña y España», situando a región y Estado en pie de igualdad, como si de dos actores soberanos que dirimen su estatus político se tratara. El segundo motivo es que existe un miedo atroz en Junts a que Sánchez acabe traicionando el acuerdo de investidura, cerrándose en banda a negociar la celebración de un nuevo referéndum cuando ya descanse en La Moncloa. Siempre acusaron los herederos de Convergència a ERC de estar auxiliando al PSOE a cambio de nada. Lo hicieron a pesar de la concesión de los indultos y de la supresión del delito de sedición. Con lo que el listón está alto y eso lleva a Puigdemont a querer que sea una figura externa la que dé fe del grado de cumplimiento del pacto de investidura y de los avances hacia la autodeterminación que se produzcan a lo largo de la legislatura.
La contraoferta del PSOE sigue pasando por la creación de una comisión de seguimiento que evalúe el desarrollo del acuerdo de investidura. No quieren oír hablar los socialistas de la figura del relator, que ya dinamitó la negociación de los Presupuestos Generales de 2019 y abocó a Sánchez a convocar elecciones.
Pero no acaban ahí las, por el momento, irreconciliables diferencias entre los socialistas y Junts. Si regresamos a la Bruselas de principios de septiembre recordaremos que Puigdemont enfatizó que el suyo debía ser un acuerdo «histórico», el más relevante en el que se ha visto envuelta Cataluña desde 1714, fecha fundacional del separatismo catalán. Cómo plasmar eso en el papel también separa a Sánchez y el ex presidente de la Generalitat en estos momentos. El president que organizara el 1-O y declarara unilateralmente la independencia desde el Parlament reclama que el Gobierno refleje el «reconocimiento nacional» de Cataluña en el acuerdo y que el Estado pida «perdón» a la ya reconocida nación catalana en el preámbulo de la ley de amnistía, aceptando que el Estado erró en su actuación para frenar el referéndum ilegal de 2017 y que ejerció una «persecución judicial» contra el independentismo en los años posteriores.
A todo ello se refería Puigdemont cuando fijó el «reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo» como primera condición para el acuerdo. A eso y a otras peticiones ya cumplidas como solicitar a Europol la desvinculación del secesionismo catalán y el terrorismo, algo que el Ministerio del Interior ya reclamó, tal y como reveló EL MUNDO.
Más amable se está mostrando ERC en la negociación de la carpeta de la autodeterminación. Por mucho que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, insistiera solemnemente en el Senado en que la amnistía es «sólo el punto de partida» y que el objetivo final es «votar la independencia», los republicanos están siendo menos exigentes que Junts a la hora de aterrizar esta demanda. O eso se percibe al menos en el PSOE.
Se conforma ERC con que el Gobierno reactive la mesa de negociación sobre el «conflicto». A su entender, si el Ejecutivo resucita el foro bilateral con la Generalitat, estará aceptando implícitamente abordar la autodeterminación de Cataluña. ¿De qué otra cuestión podría hablarse en esa mesa cuando la amnistía haya sido concedida?, se preguntan los republicanos, que confían en que esa conversación prohibida acabe produciéndose a lo largo de la legislatura, como se produjo la de unos indultos que también eran irrealizables y se está produciendo la de una amnistía que todas las partes dan ya por hecha.
Paradójicamente, las diferencias entre el PSOE y los republicanos radican en esas cuestiones que el independentismo tildaría de autonomistas. En las clásicas demandas del nacionalismo catalán: las que tienen que ver con la reducción del denominado «déficit fiscal», que la Generalitat cifra en 22.000 millones, y con el traspaso de Cercanías. ERC les concede tanta importancia como a los aspectos soberanistas. El PSC, que está actuando como intermediario en esta pata de la negociación, se abrió el viernes a un traspaso «parcial» de la red ferroviaria, pero no de las líneas por las que transiten trenes que comunican con otras Comunidades Autónomas o con Francia. En lo que al «déficit fiscal» se refiere, los de Salvador Illa invitan a los republicanos a abordarlo en el marco de una negociación más amplia sobre una hacienda federal española.
