NotMid 02/09/2023
EDITORIAL
Ni siquiera cuando ha decidido dejar de sostener a Luis Rubiales, el Gobierno ha podido cumplir con su compromiso de apartar con la máxima celeridad a un personaje amoral y rodeado de polémicas vinculadas a la corrupción como es el presidente de la Federación de fútbol. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) calificó ayer los hechos cometidos por Rubiales en la final del Mundial femenino como «graves», lo que quiere decir que acogiéndose a la Ley del Deporte de 1990 el organismo no estima abuso de autoridad y limita sus actos en el palco y con Jenni Hermoso a un atentado a la dignidad o al decoro deportivos. Habrá que esperar a conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa el TAD para comprender la polémica decisión de no observar abuso de autoridad, dado que lo que ocurrió en la final también fue un gesto inaceptable de un superior a una subordinada. De momento, la consecuencia directa de su informe es que imposibilita al Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del Ejecutivo, a proceder a la suspensión cautelar de Rubiales. El Gobierno se había comprometido la semana pasada a hacerlo en cuestión de días después de filtrar que sería él mismo quien dimitiría. No lo hizo, en lo que fue un claro pulso a todo el aparato político que hasta ese momento lo había sostenido.
La incapacidad mostrada por el Ejecutivo en este caso queda de manifiesto, y no solo demuestra debilidad, sino que daña la imagen internacional de nuestro país: hoy, si no fuese por la FIFA, que la pasada semana suspendió a Rubiales para 90 días, este seguiría a los mandos del fútbol nacional. Es incomprensible, como todo lo que rodea al Gobierno en su relación con el presidente de la Federación. En sus cinco largos años de mandato, Rubiales suma un cúmulo de escándalos que debían haber llevado al CSD a actuar mucho antes y a elevar ante el TAD cuestiones de impacto: las millonarias comisiones de la Supercopa de Arabia negociadas con Gerard Piqué, las fiestas federativas celebradas en el chalet de Salobreña, la persecución a periodistas, denuncias internas de trabajadores, más actitudes indecentes que no se corresponden con la responsabilidad inherente a su cargo y una ristra enorme de casos que resumen una gestión plagada de irregularidades, de incompatibilidades, de opacidad y de una continua colusión de intereses. Pese a todo, el Gobierno siempre mostró su apoyo político a Rubiales, hasta este escándalo mundial, que ha desatado una ola unánime de rechazo social a la que se ha sumado. ¿Por qué no actuó antes? Todavía nadie ha respondido.
Al ministro Miquel Iceta le tocó ayer ofrecer una rueda de prensa con tintes de drama. Aseguró que pese al varapalo del TAD, el Gobierno todavía tiene en la recámara apelar al artículo 102 de la Ley del Deporte de 2022 para que sea el propio TAD, y no el CSD, quien suspenda a Rubiales. Veremos qué ocurre. Tampoco se debe olvidar que si el cauce judicial avanza por que Jenni Hermoso interpone una querella, todo este proceso administrativo se paralizará.