NotMid 28/12/2022
EDITORIAL
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, podrán seguir disputándose el puesto de cabeza (y cabezonería) en su concertado empeño por vender la idea de que en Cataluña no hay ningún problema con el castellano, ni en la calle ni en la escuela.
Su tenacidad para hacer prevalecer el relato sobre la verdad pareciera insaciable. Pero la realidad es tozuda. Y de ello da cuenta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del pasado 23 de diciembre por la que se obliga a un centro a impartir asignaturas troncales en castellano a una alumna. Se abre así una vía jurídica para que otras familias presenten nuevas demandas con el fin de garantizar la educación bilingüe de sus hijos. Y se demuele, además, la estrategia del consejero Josep Gonzàlez-Cambray, que aprobó de urgencia y con el apoyo del PSC un decreto ley para eludir el mínimo de un 25% en español marcado por el TSJC y consolidado luego por el Tribunal Supremo.
Sí: en Cataluña hay un problema con el idioma. Porque, además del desprecio absoluto de la Generalitat a las sentencias de los más altos tribunales, son las familias las que han de señalarse ante la sociedad catalana con sus denuncias para que se cumpla la ley. Un cometido que corresponde al Gobierno.