Estamos ante un entramado ordenado por la cúpula de CDC para el enriquecimiento personal de algunos o para asegurar la permanencia en el poder de una estructura política basada en el delito
NotMid 03/11/2022
EDITORIAL
Entre 2008 y 2012 el entonces partido mayoritario del nacionalismo catalán afianzó un entramado de corrupción para cobrar comisiones a cambio de la concesión de obra pública a diversas empresas. Cuando estaba bajo la dirección de Artur Mas, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) institucionalizó el famoso porcentaje del 3%, dando un paso más en la financiación irregular de un partido que instauró la corrupción como parte de su funcionamiento.
Así lo constató ayer la Fiscalía Anticorrupción en un contundente escrito de acusación que pone de relieve cómo fue la propia cúpula de CDC la que hizo las labores de fontanería, y no los empresarios, como ocurrió en la trama Gürtel. Las licitaciones salpicadas alcanzaron los 218 millones de euros en el periodo investigado. Es el resultado de una corrupción endémica que conoció la ciudadanía en 2005, cuando Maragall acusó a CiU de cobrar las comisiones ilegales. Lo hizo en el Parlament y sin aportar pruebas, las que a lo largo de estos años sí han acumulado la Justicia, las fuerzas de seguridad y este diario, denunciando cómo Convergència se aprovechó de su poder político a nivel autonómico, provincial y local para conseguir que dichos concursos fueran adjudicados a las empresas conniventes cuyos responsables hacían fluir dinero al partido.
La Fiscalía reclama penas de hasta 21 años de prisión. Acusa a una treintena de ex cargos políticos y empresarios de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración Pública. El primero en la lista es Germà Gordó, un hombre sin el que la trama no podría haberse pergeñado y un nombre que conecta la corrupción en el partido desde la época de Jordi Pujol hasta la de Artur Mas. Gordó, ex secretario de Gobierno de la Generalitat y ex conseller de Justicia, fue la mano derecha de Mas y el brazo ejecutor del caso del 3%.
Todos los implicados actuaban bajo su dirección y control. La Fiscalía ha logrado que varios acusados colaborasen con la Justicia, pero no ha sido el caso de Gordó. De su confesión a buen seguro dependería que Artur Mas también fuese imputado. De momento, el ex president esquiva el banquillo. Desde un punto de vista político resulta difícil creer que Mas ignoraba que bajo su esfera de poder se programó esta organización criminal. En su día, en lugar de buscar la depuración de responsabilidades, se envolvió en la bandera del nacionalismo, como Jordi Pujol con el caso Banca Catalana, y denunció un ataque del Estado a Cataluña. Ahora se demuestra otra vez que es su partido el que causó un perjuicio enorme a los catalanes; económico, por supuesto, pero también político: justo en el momento en que se destapó la corrupción, Mas intensificó la deriva independentista.
Es significativo que la Fiscalía pida para el PDeCat una multa de tres millones, como heredero de la formación investigada. Muestra que no hablamos de actuaciones individuales sino de un entramado ordenado por la cúpula del partido para el enriquecimiento personal de algunos o para asegurar la permanencia en el poder de una estructura política basada en el delito.
