El verdadero estado de nuestra nación, por más que lo haya tratado de escamotear el presidente del Gobierno en el Congreso, dibuja una grave crisis institucional que afecta de modo preocupante a un pilar básico de la democracia como es la Justicia.
NotMid 14/07/2022
EDITORIAL
EL VERDADERO estado de nuestra nación, por más que lo haya tratado de escamotear el presidente del Gobierno en el Congreso, dibuja una grave crisis institucional que afecta de modo preocupante a un pilar básico de la democracia como es la Justicia. En este sentido, causa rubor que la Comisión Europea haya vuelto a señalar a nuestro país para exigir la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial -pendiente desde diciembre de 2018-, reclamando que a continuación se proceda a la reforma del sistema de elección de sus miembros. Una vez más, exige que al menos la mitad sean elegidos por los propios jueces, con el fin de avanzar en su necesaria despolitización. La advertencia es tan seria y tan dura que el comisario de Justicia, Didier Reynders, alerta hoy, de que está dispuesto a abrir un procedimiento sancionador a España por vulnerar las normas del Estado de Derecho, lo que podría afectar a la recepción de fondos de recuperación.
Por desgracia, de las intenciones de Moncloa lo dice todo que siga adelante con su contrarreforma pactada con ERC para que el CGPJ pueda nombrar a dos nuevos magistrados del Constitucional y provocar así el vuelco ideológico en el tribunal de garantías. El Gobierno, en una irresponsable huida hacia adelante, decidió anoche desafiar a la UE al imponer un plazo de dos meses al CGPJ para designar sus dos magistrados del TC, lo que, a su vez, permitiría al Ejecutivo imponer inmediatamente los suyos y consumar el asalto. Habida cuenta de los asuntos que necesitará negociar con sus socios independentistas para mantenerse en el poder cabe temerse un pacto con ellos para incluir personalidades afines al separatismo.
Bruselas había marcado en su informe conocido ayer sobre el Estado de Derecho en la UE el punto de partida para llegar por fin a un acuerdo: renovación conforme a la ley actual pero con el compromiso firme e irrevocable de reformar al mismo tiempo el sistema de elección. No parecía una exigencia irrazonable, descabellada ni inalcanzable. Pero, con esta maniobra, el Gobierno rompe cualquier posibilidad de confianza y quiebra definitivamente el horizonte de renovar el órgano de gobierno de los jueces con el PP.
El serio tirón de orejas interpelaba sobre todo al Gobierno, empecinado en negarse a cambiar el sistema de elección de vocales. Pero ahora queda claro que el único objeto de deseo para Pedro Sánchez es controlar el Tribunal Constitucional, en el que obtendrá una mayoría progresista para los próximos nueve años. De esta forma, se erigirá en un auténtico contrapoder que fiscalizará todas las decisiones de las próximas mayorías políticas, sea cual sea su color. El camino elegido representa una grave anomalía que deteriorará de forma irreversible nuestro sistema institucional.