NotMid 13/07/2022
OPINIÓN
El jueves se aprobará la llamada Ley de «Memoria Democrática» y los proetarras de Bildu han logrado su propósito de que la norma incluya el reconocimiento a la «reparación» económica de las víctimas, una de las grandes novedades del nuevo texto. La medida abre la posibilidad a devoluciones millonarias por los bienes y dinero incautados durante el franquismo. Los herederos políticos de de ETA plantean, incluso, que esas indemnizaciones se paguen 80 años después del fin de la Guerra Civil a través de un impuesto que estaría dirigido a quienes «se vieron beneficiados por procesos de expolio, robo o trabajos forzados».
Resulta una auténtica ignominia que Bildu hable de «reparación» a las víctimas del franquismo y se olvide de la reparación a las víctimas del terrorismo. En cualquier caso, Bildu no es el problema, sino que Pedro Sánchez se haya echado en brazos de quienes daban cobertura a una banda de asesinos y ahora marcan el guión y el relato de esa Memoria Democrática.
Porque si lo que propone Bildu y Sánchez acepta es crear un fondo público a través de «la imposición de cargas, impuestos o sanciones a organizaciones, empresas o capitales privados respecto a las que se constate que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio, así como quienes se lucraron de bienes expoliados, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas», la pregunta es sencilla: ¿Por qué no se expolian los bienes de Bildu para crear un fondo público que sirva para restituir e indemnizar a las víctimas del terrorismo?
La ley de Memoria Democrática es una aberración sin matices, no porque las víctimas del franquismo no merezcan una reparación, sino porque lo que pretende Bildu es imponer su relato. Si Sánchez tuviera un mínimo de dignidad entendería que los proetarras no pueden, bajo ningún concepto, imponer su abyecta memoria.
OKDiario