No es el CNI el que pide ser reformado: son los independentistas, perpetradores de una sedición, los que necesitan reformarse
NotMid 27705/2022
EDITORIAL
La cadena de despropósitos conocida como caso Pegasus tuvo ayer en el Congreso su traca final, cuando Sánchez compareció obligado por los grupos parlamentarios para dar explicaciones de una gestión que ha logrado un imposible: indignar al mismo tiempo al constitucionalismo y al independentismo. En lugar de defender a nuestros funcionarios de seguridad desde el primer momento, el Gobierno compró el relato falaz del victimismo separatista para hacerse perdonar lo que no necesita perdón: proteger al Estado de quienes lo atacan y manifiestan su voluntad de seguir haciéndolo. Semejante inversión de valores solo se explica por el vicio fundacional que arrastra el sanchismo: hacer depender la gobernabilidad de la democracia española, por puro afán de poder, de los votos de sus enemigos.
La intervención de Sánchez no sorprendería a nadie que siga habitualmente las sesiones de control al Gobierno, que el Gobierno convierte sistemáticamente en sesiones de control a la oposición, en la esperanza de que un buen ataque sea la mejor defensa incluso de lo indefendible. Cree Sánchez que desempolvando los casos de corrupción que afectaron al PP hace una década conseguirá difuminar su responsabilidad ante sus socios, cuando lo cierto es que estos no le preguntan por lo que hizo mal: les molesta lo que hizo bien.
Porque la purgada directora del CNI demostró que actuó al amparo estricto de la ley y la tutela judicial. Pero Sánchez entregó su cabeza al secesionismo para tratar de aplacarlo, además de prometerles la desclasificación de secretos oficiales y ahora una reforma del CNI que supone un nuevo señalamiento y socava aun más la reputación de la agencia que vela por la seguridad de los españoles. Que los agentes de inteligencia queden reducidos a moneda de cambio en el desesperado rescate de sí mismo con que Sánchez reacciona a la extorsión de ERC o Bildu resulta humillante. Porque no lo paga él: lo pagan todos los ciudadanos y la imagen misma de España.
No es el CNI el que pide ser reformado: son los independentistas, perpetradores de una sedición, los que necesitan reformarse. En lugar de exigírselo, el presidente trata de convencerlos y convencernos a todos de que no sabía nada del espionaje a líderes separatistas, como si el CNI obrara por su cuenta cuando Barcelona ardía en 2019 debido a la violencia desatada por Tsunami Democràtic. El propio Sánchez incurrió en contradicción: primero negó que conociera los objetivos de la vigilancia y más adelante terminó reconociéndole a ERC que algo había que hacer cuando los comandos separatistas trataban de bloquear el aeropuerto de El Prat y saboteaban las autopistas. El mismo argumento que empleó Margarita Robles antes de claudicar.
Más allá del desprestigio institucional y de la crisis de confianza con los socios de la coalición gubernamental, la garrafal gestión del caso Pegasus ha golpeado las expectativas electorales del PSOE. Los estudios demoscópicos estiman que solo por culpa de este episodio el Gobierno ha perdido un punto y medio de intención de voto en plena precampaña andaluza. Los votantes socialistas no lo disculpan todo, aunque Sánchez parece tratarles como cautivos sin discernimiento.